Tras varias semanas de retraso, la semana pasada por fin el Consejo de Estado remitió su dictamen sobre el proyecto de Real Decreto para la Certificación Energética, por el que los contratos de compraventa o de arrendamientos celebrados a partir del próximo 1 de junio deberán contemplar una etiqueta que clasifica la vivienda según su consumo desde la A (menor categoría) a la G (categoría más baja y que aglutinará a los edificios de mayor consumo).
El precio de este certificado aún está por determinar, aunque en países vecinos de Europa van desde los 250 a los 400 euros. El texto que recoge esta normativa ya ha sido remitido al Ministerio de Industria para llevar el proyecto de Real Decreto para la Certificación Energética al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.
Cortesía de efimarket